No vacunar a los migrantes, ¿un lío de salud pública?

En un mundo en el que las noticias giran alrededor de la vacunación contra el coronavirus, los migrantes venezolanos con estatus de irregulares en Colombia fueron los protagonistas.

El hecho no tuvo que ver con su llegada, pese a que se sigue registrando por las trochas que se extienden a lo largo de 2.219 kilómetros de la frontera entre Colombia y Venezuela, según la Cancillería, pues los cruces en las fronteras permanecen cerrados desde marzo del año pasado

Esta vez marcaron la agenda porque el presidente Iván Duque, en una entrevista con Blu Radio, aseguró que no estarán dentro del plan de vacunación, que en Colombia se prevé iniciar en la primera semana de febrero y que ya tiene aseguradas 49 millones de dosis de vacunas, a través de acuerdos con Pfizer, Astrazeneca, Covax y Janssen (anunciado el miércoles pasado).

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“La priorización serán los colombianos”, aseguró el presidente en la entrevista, y agregó que “si son personas que están regularizadas, que tienen las condiciones y, adicionalmente están dentro de las condiciones de patologías, de condición de riesgo, definidas por el Ministerio de Salud, eso da criterio orientador para la aplicación de la misma”.

Reacciones

La noticia no cayó bien, pues fue vista por algunos sectores y académicos como xenófoba, especialmente porque Colombia es el mayor receptor del éxodo venezolano, al punto de tener registrados al menos 1.717.352 migrantes, siendo 770.246 (44,86 %) con estatus de regulares y los restantes 947.106 (55,14 %) catalogados como irregulares, según Migración Colombia.

Txomin Las Heras, presidente de la Asociación diálogo ciudadano colombovenezolano e investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, señaló que la declaración presidencial “abre una puerta a la xenofobia”.

Para él, la situación se da porque discrimina, teniendo en cuenta que en la legislación colombiana y en los pactos internacionales suscritos por el Estado colombiano ante entidades como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y sus agencias como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “existen declaraciones en torno a que, primero, se debe garantizar el derecho a la vida de todas las personas más allá de sus orígenes o estatus”.

Sobre este debate, EL COLOMBIANO consultó a la OIM y Acnur sobre cuál era su posición alrededor de la decisión del gobierno colombiano, pero desde sus oficinas de prensa en Colombia aseguraron que no se pronunciarían.

Las Heras agregó que los migrantes recibieron ese anuncio con preocupación, “pues son más vulnerables y no pueden acceder a empleos formales ni a servicios de salud en el país…”.

Incluso el régimen de Nicolás Maduro aprovechó la coyuntura para lanzar críticas contra el Gobierno y para radicar una queja ante Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según dijo la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez. “Hemos denunciado las terribles, bárbaras, depravadas declaraciones que ha hecho el señor Iván Duque, una expresión tan violatoria que vulnera los derechos humanos de los migrantes venezolanos”, aseguró

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Explicación del gobierno

El Gobierno, hace dos semanas, dio sus argumentos para tomar la decisión. El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, manifestó que son personas de difícil ubicación por su condición transitoria y a los cuales es casi imposible hacerles seguimiento desde los servicios de salud por no tener una residencia definida.

“A esa población, ni desde el marco legal ni desde las consideraciones técnicas existe una obligación de atenderlos”, agregó el ministro, al insistir en que “no van a ser sujeto activo del programa de vacunación, en la medida en que no nos generan inmunidad de rebaño, ya que esas personas volverían inmediatamente a su país, generándonos un efecto de congestión en los servicios, de no control del esquema de vacunación y de no programación”.

No obstante, Jessica Giraldo Castrillón, epidemiología y docente de la Universidad CES, aseguró que esto “sí constituyen un riesgo, independientemente de sus condiciones, pues son un grupo vulnerable, con dificultades de acceso al sistema de salud, con precariedad y esto hace que se puedan contagiar más fácilmente y a su vez convertirse en potenciales propagadores”.

Giraldo Castrillón, además, agregó que esta población puede con mayor facilidad “realizar actividades más riesgosas, porque se exponen más al contagio y a su transmisión. Ese debería ser el foco”.

Por otra parte, Angélica Maya, infectóloga y asesora de la Gobernación de Antioquia, señala que como los venezolanos irregulares no aparecen en los registros, “sería imposible registrar sus datos de ese evento de vacunación”.

Asimismo, señaló que “hay que ir poniendo las dosis que vayan llegando según el riesgo de morir por covid-19, seguramente que cuando lleguemos a la fase 5, las presiones y el aprendizaje serán diferentes y permitirán que la vacuna llegue a todo el mundo, incluyendo a los venezolanos”.

Desde la epidemiología

Carlos Reina Bolaños, estudiante del doctorado en epidemiología de la Universidad de Antioquia, sostiene que frente a recursos finitos como las vacunas y necesidades poblacionales, las decisiones en salud pública deben pasar por criterios tanto técnicos como éticos. “Puesto que los beneficios de las intervenciones son marginales y por lo tanto siempre existe población mayor o menor mente favorecida, es inevitable enfrentarse a la pregunta ¿A quién priorizaremos?”, dice Reina Bolaños.

Para él, ante un escenario de confusión e incertidumbre como el que se vive en Colombia y el mundo actualmente por la pandemia y la necesidad de vacunación, se “requieren acuerdos sociales claros que minimicen la desigualdad en los beneficios otorgados por la intervención, en este caso la aplicación de la vacuna contra el covid-19”.

Por ello, Reina Bolaños plantea que el hecho de excluir a la población migrante irregular representa “un desacierto técnico como ético, de acuerdo con los factores de riesgo asociados a la pobreza que incrementan la probabilidad de presentar desenlaces negativos frente a la enfermedad provocada por el virus”.

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), con corte al 25 de diciembre, en Colombia se registraban 16.022 contagios en ciudadanos extranjeros y 238 muertes. Venezuela es el país que más reportó contagios, con 14.853.

¿Y la salud pública?

Asimismo, José Pablo Escobar, decano de las Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, asegura que los migrantes regulares o no, de cualquier nacionalidad, deben vacunarse con la misma estrategia que se defina para la población colombiana, con el fin de garantizar el impacto epidemiológico esperado.

“No es comprensible, ni aceptable que si se vacunan a todos los migrantes, se estimulará la migración entrante”, menciona Escobar, al destacar que, en este momento, la vacunación también es “un asunto de humanidad y respeto a los derechos humanos”.

Carlos Agudelo, infectólogo y epidemiólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana y del San Vicente Fundación de Rionegro, sostiene que la decisión sí representa un problema de salud pública y plantea tres escenarios por los que no se les debería negar el acceso a la vacunación.

Lo primero, dice Agudelo, pasa por lo humanitario, entendiendo que son población vulnerable por el hecho de ser migrantes; segundo, “la inmunidad de rebaño cuenta toda la población en un territorio, no solo a la regularizada”.

Por último, resalta Agudelo, los migrantes, regulares o no, siguen siendo población que puede “ocupar camas de UCI y a ellos no les podemos negar la atención ni el soporte del sector salud” por el hecho de que tengan un documento que los acredite como regulares en el territorio.

Sin embargo, en la tarde de este lunes, el Ministerio de Salud publicó el documento del Plan Nacional de Vacunación contra covid, en el que señala que si bien los migrantes irregulares no están en el plan inicial, “esto no quiere decir que la población migrante en condición irregular no será vacunada contra la covid-19. Se están gestionando los mecanismos necesarios para inmunizar a la población migrante en condición irregular, entre otras, con el apoyo de la cooperación internacional, de manera que no solo se tenga disponibilidad de biológicos, sino también se cuente con sistemas de información que permitan el seguimiento a la población migrante irregular vacunada para garantizar la segunda dosis (en caso de ser necesaria), así como monitorear los posibles eventos adversos relacionados con la vacunación”.

Fuente : elcolombiano.com