‘Matarifes’

Es imprescindible tener que hablar de la terrible tragedia por la que atraviesa el departamento y en especial nuestra capital, Montería, por cuenta del Covid-19.

Hoy somos referente en las noticias nacionales por cuenta de las cifras de contagios y muertes. Hasta hace unos meses y con medidas más flexibles que las que hoy afrontamos, era inimaginable tener que vivir imágenes que solo veíamos en las noticias de países como Italia, España y Ecuador, solo por mencionar algunos.

Hoy dolorosamente, ya es una realidad que golpea con la misma fuerza, sin distingo de credo, raza, color o posición económica.

Comenzaré recordando un artículo que contiene la Constitución Política de Colombia, que, una vez leída, cualquiera se da cuenta que es un “canto a la bandera”.

Artículo 49. “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”.

En este sentido, siendo justos y consecuentes con la realidad, entre lo dicho y lo que existe, es muchísima la gente que acude a nuestras máximas figuras políticas y primeros mandatarios, como el alcalde y el gobernador, que aunque increíble parezca, son víctimas también, pues es muy poco lo que pudieran llegar a hacer, toda vez que el sistema, en su gran mayoría, está en manos de particulares, que le han dado un manejo perverso.

Lo que para otros países es un derecho, para los colombianos termina convertido en un servicio. Aquí no somos pacientes sino clientes, es decir, la vida, convertida en un “mercachifle”.

Hoy la realidad, a lo largo y ancho de toda la patria, para ponerlo en los términos de quien a bien tuvo presentar un proyecto maquiavélico, que lleva por nombre “Ley 100” y que, para efectos de la salud, convierte al ser humano en un sujeto activo y susceptible de generar ingresos a la EPS que lo atiende y no en un sujeto con el derecho a la salud que le garantizará la vida como lo establece la constitución en su artículo 11.

En las oportunidades que he tenido de impartir clases he dejado clara mi postura frente a una práctica tan perversa como la anterior, con resultados económicos catastróficos para el país y es la tercerización, que no es más que la subcontratación, es una práctica llevada a cabo por una empresa (estado colombiano), cuando contrata a otra firma para que preste un servicio.

Aparecen entonces en el ruedo, lo que usted escucha a veces sin saber, los operadores que, para el caso de Colombia, manejan casi que todos los asuntos de estado: vías salud, alimentación, vivienda, entre otros y como ya hemos definido entonces que son empresas, ojo, de particulares, que necesitan generar ingresos, explico que hay una diferencia clara y marcada en términos económicos, entre una empresa privada y una empresa del sector oficial.

La primera, en su estado de resultados, reporta un ítem denominado “utilidad del ejercicio”, se supone, la ganancia de ejercer cualquier actividad permitida por la ley.

La segunda, tiene como único fin generar bienestar social y que no es cuantificable en dinero.

Una EPS está definida jurídicamente como una Entidad Promotora de Servicios de la salud, pero para efectos prácticos en materia contable, económica y financiera, está diseñada para generar riqueza a través de la prestación de servicios de salud.

Aquí mostraré un ejemplo claro y no muy lejano: Carlos Palacino, ex representante legal de Saludcoop, que al igual que el virus, fue mutando, hasta convertirse en Nueva EPS, ostentó el título de ser uno de los hombres más acaudalados de Colombia, con condominios en este país y en el exterior, según información ofrecida por los más respetados medios de comunicación nacionales.

Carlos Palacino, hizo de la Entidad Promotora de Salud, Saludcoop, una entidad promotora de riqueza para él y su junta directiva; recursos calculados en billones de pesos, fueron a parar en negocios y derroches personales, y desde ese momento hasta la fecha nada ha cambiado.

Se sigue permitiendo que los recursos del pueblo, en lugar de ampliar la red pública hospitalaria, se vaya directo a las EPS, plagada de profesionales carentes de ética y principios de solidaridad, y digo esto, porque el profesional íntegro debe hacerse juicios de valor constantemente.

No es posible que la empresa que yo presido este teniendo resultados paupérrimos, que se investigue y que uno siga como si nada o peor con actuaciones indiferentes si finalmente las empresas son el reflejo de las decisiones de sus gerentes o encargados.

Estas empresas, desde su creación, hasta hoy nunca han dado muestras de eficiencia y de buenos resultados, la pandemia no hizo más que desnudar la perversidad del sistema y lo mal que están en todos los sentidos.

En el manejo de lo público, cuando quiera que este cause afectación a la población, se es responsable por acción u omisión. Serán culpables entonces, además del virus mismo, de la muerte de miles de colombianos que esperan atención, una cita, un medicamento y una prueba de esta terrible tragedia. En realidad son ellas unas verdaderas “ MATARIFES”.