Las masacres de Electricaribe

En Colombia sufrimos de muchos males. La pandemia que no nos deja nunca (la corrupción), la del Covid-19 que vino para hacerle milagro a la primera, el desempleo, la inflación, el salario cada vez es más mínimo, la brecha social cada vez es más evidente, los extremos (Izquierda-Derecha) que debían declararse enfermedades mentales graves y sin tratamiento a la vista, entre otras.

Con la llegada de la pandemia se nos pidió normalizar algunas nuevas conductas lo que no sospechábamos era que dentro de ese paquete estuvieran las masacres o aplicando eufemismo gubernamental “asesinatos masivos”.

En lo que va corrido del año se cuentan 50 en diferentes puntos del país aportando la penosa cifra de al menos 200 muertes por estos hechos, sumado a ello el miércoles 9 de agosto nos levantamos con la brutalidad policial ejercida sobre la humanidad de un ciudadano indefenso que pedía clemencia por su vida y cuyos verdugos ignoraron.

Esto produjo al menos 10 muertes más, lo que cuenta como masacre, así como de los desmanes y destrucción en la capital por cuenta de quienes piensan que destruyendo se construye algo y ante lo cual expresaron un perdón obligado y tardío, eso sí, en presencia de quienes representaban la herejía en sus cargos y con la posibilidad de generar más abusos.

Este hecho, según relato de los investigadores, cumple todos los requisitos para ser un crimen de estado.

Además de todo lo anterior y para colocarle la fresa a este pastel la Costa Atlántica sufre el flagelo de la muerte por cuenta de una empresa que goza del desprecio nacional y es ‘Electricaribe S.A E.S.P’.

Es fácil deducir que es pésima una empresa que tiene oficinas de peticiones quejas o reclamos. Es por que admite que no está  bien.

Electricaribe  gozó por muchos años de la complacencia del Gobierno Nacional hasta que, este mismo, no pudo más con tanto desenfreno de injusticia so pretexto de “confianza inversionista” y toma actuaciones administrativas desconociendo que son verdaderas herramientas de derecho para defenderse y verificar la realidad de los hechos en discusión.

Toda la Costa sabe que cuando esa empresa eleva pliego de cargos ya tiene la decisión empresarial redactada, diga lo que diga el, siempre sancionan.

Electricaribe se convirtió en VERGUGO social imponiendo a los usuarios cobros exagerados y desproporcionados y, como si fuera poco, ejerciendo poderes estatales que la Ley no le otorga, en una clara extralimitación de sus facultades, usurpando funciones públicas y abusando de su posición dominante le reasigna funciones a la Policía nacional utilizándola para amedrantar a quienes se oponen a un cambio de medidor.

Siempre es menos desgastante que combatir la delincuencia muy a pesar que la ley expresamente dice ; “no podrán cambiarse los medidores hasta tanto no se determine que su funcionamiento está por fuera del rango de error admisible”.

Lo que implica que cada medidor que se retire tiene que ser estudiado en laboratorio a efecto de establecer las condiciones de funcionamiento y solo podrán sustituirse aquellos cuyo funcionamiento sea deficiente.

Pero, la trampa está en que muchos departamentos y municipios no cuentan con este tipo de laboratorios. Es decir, solo los tiene Electricaribe.

En este preciso instante se convierten en juez y parte en el entendido de que ellos toman el medidor como prueba lo analiza y dictamina no dejando al usuario las mínima posibilidad de defensa, en una clara violación al debido proceso.

Omar Mendivil, coordinador de la Red Caribe de Usuarios de Servicios Públicos de la Costa, dio a conocer el proceso que adelanta para denunciar penalmente en España a la Unión Fenosa, “ya que sus empresas Electricaribe y Energía Social prestan un mal servicio y son culpables de la muerte por electrocución de entre 450 y 500 personas en 12 años” (tomado del Heraldo).

Su última incursión fue apenas el pasado 28 de agosto en la ciudad de Barranquilla. Su víctima mortal fue José Miguel Dau David,un paciente cuya vida dependía de un respirador que necesitaba energía para funcionar, la misma que la empresa le cortó conduciéndolo a la muerte.

Colombia no le ha cobrado a esta empresa los  muertos que ya carga, en su haber, cuando cortan el servicio de energía a personas cuya condición médica dependen de respiradores diálisis y cualquier tipo de procedimiento que requiera energía para su vida.

Electricaribe rebosa los límites de la inhumanidad. No nos han explicado cuáles han sido las inversiones en mejoramiento de la calidad del servicio. Toda la carga de sus culpas es descargada sobre los usuarios y se desborda en el descaro presentando demanda contra varios municipios, los mismos que se han visto afectados por el mal servicio ante la mirada pasiva de los órganos de control.

Según informe de Contraloría, Electricaribe se apropió de $78.500 millones de pesos que le giró el Gobierno para subsidiar alrededor de 600 mil usuarios, en un objeto totalmente distinto y presuntamente ilegal: disminuir las pérdidas de dicha empresa, que también es una masacre, solo que es económica y no refleja sangre que es la que aterroriza.

Y es que la empresa no debería llamar cuadrilla a sus funcionarios si no cuatreros, en razón, a la función que realizan. A quiénes han sido gerentes en las distintas ciudades no coloquen eso en sus hojas de vida, es una gestión horrorosa con resultados mucho peor que la gestión.

El gobierno pareciera estar empeñado en convencernos de que la guerra de este país solo es por cuenta de grupos al margen de la ley y la delincuencia común que por cierto se pasea rampante.

La Costa no tendrá, nunca, cómo olvidar a esta empresa que debió haber sido incluida en la mesa de negociaciones junto con las EPS, en La Habana.

Está a punto de marcharse, ojalá para siempre, dejando una estela de muertes, injusticias, extralimitaciones, apropiaciones y quien sabe cuántas cosas más. Hay en este relato demasiadas razones para concluir que Electricaribe también es generadora de violencia y ha masacrado al pueblo colombiano.

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