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La extorsión no es una facultad de los concejales

La extorsión no es una facultad de los concejales
Carlos J. Álvarez

Por: Carlos J. Álvarez

El Estatuto de la oposición que se convirtió en realidad con la Ley Estatutaria 1909 de 2018, regula la obligación de Los Partidos Políticos y/o Movimientos Políticos de hacer una “declaración política” frente a las propuestas y políticas de los gobiernos. En este sentido, las organizaciones políticas deberán optar por: 1. Declararse en oposición. 2. Declararse independiente. 3. Declararse organización de gobierno.

Tal acotación adquiere relevancia ante el despliegue mediático y el mar de conjeturas que ha tenido la denuncia de la Senadora de la Republica Aida Avella, en el sentido de que un grupo de concejales de la ciudad de Montería estarían extorsionando al Alcalde de la ciudad para garantizarle una mayoría (“firmar una coalición”, dice la Senadora) al interior del concejo municipal.

Ante las declaraciones de la Senadora Avella, los concejales José Wberth Escobar, presidente actual del Concejo, Salin Ghisays, quien optó por aceptar la curul por haber sido el segundo en votos en la elección de Alcaldes y Juancho Rois, sin ser aludidos en la denuncia, desmintieron tal afirmación, pidiendo al mismo tiempo respeto por tan honorable corporación; agregan a renglón seguido, que se declararán como concejales “independientes”. Tal pronunciamiento evidencia que Wberth, Ghisays y Rois desconocen las normas contenidas en el llamado “Estatuto De Oposición”, pues la “declaración política” contenida en el la hacen los partidos y movimientos políticos, no los concejales de manera individual o en bancada.

La Senadora Aida Avella, no es precisa en su denuncia, pues para que se hable de coalición entre las colectividades con asiento en el concejo, lo que se conoce técnica y legalmente como acuerdos de bancadas, debe tenerse en cuenta imprescindiblemente, como requisito sine qua non, la declaración política de los partidos. Sería incongruente y poco coherente que un partido se declare en oposición, pero su bancada acompañe y respalde al gobierno en todas sus iniciativas.

Así las cosas, con la declaración política de los partidos se busca no solo una definición clara de las posturas de los partidos políticos necesaria para fortalecer su identidad, sino, que además, los ciudadanos tengan el derecho a conocer las distintas propuestas para valorar el comportamiento de dichas organizaciones. “Si algo ha resultado difícil en la democracia en Colombia, ha sido poder identificar a las organizaciones políticas que efectivamente están en oposición”, así se lee en la exposición de motivos del pluricitado estatuto.
Igualmente, la declaración política de una colectividad política como partido de oposición, independiente, o de gobierno, no es una opción sino una obligación que debe cumplir cada una de ellas por conducto de su respectivo representante legal, dentro del término máximo del primer mes del inicio del respectivo gobierno, de manera que la ciudadanía conozca con claridad cuál es la posición que han asumido.

Ahora bien, es importante señalar que la Ley establece una limitación frente a la declaración política de los partidos o coalición de partidos que avalaron al candidato ganador, expresando que, se les tendrá como organizaciones de gobierno, sin que puedan declararse en oposición. Lo anterior buscando la coherencia de las organizaciones políticas, pues no es dable, como ya lo mencionamos, que ellas ostenten en forma coetánea la doble condición de partidos o movimientos políticos de gobierno y de oposición, y en esa medida, gocen “simultáneamente de los privilegios y derechos que dan ambas opciones”.

En el caso concreto del Municipio de Montería nos encontramos frente a una situación particular; el alcalde actual, Carlos Ordosgoitia, fue inscrito y elegido por la Coalición denominada: “Ahora La Gente”, conformada por los Partidos Liberal, Conservador y de la Unidad Nacional Partido de la U (suman en conjunto en el Concejo Municipal 5 de 19 concejales), deben declararse ineludiblemente como partidos de gobierno.

Es aquí en esta situación donde surge lo sui géneris del asunto y es en lo que atañe directamente a los concejales Carlos Zapata (Partido de la U) y Nelson Rivera Perneth (Partido Conservador) quienes a pesar de no votar a favor del actual mandatario quedan sometidos, según la ley y la jurisprudencia reciente del Consejo De Estado, a la declaración política de sus partidos, la cual no es otra que la de declararse organizaciones de gobiernos.

Por el contrario, los partidos CR y CD (con 7 miembros en total en el concejo) que conformaron la coalición “Lealtad Con Montería” inscribiendo como candidato a la alcaldía a Salin Ghisays, si de coherencia política se tratara jamás deberían declararse organizaciones de gobierno o como lo llaman ellos de forma peyorativa “colaboradores de lo que le sirva a la ciudad”, pues las propuestas del gobernante ganador, pensaría uno, serían abiertamente contrarias ideológica y políticamente a las de sus partidos.

Los comodines que estarían en disputa por ambos extremos partidistas al interior del Concejo Municipal de Montería serían las franquicias de Colombia Renaciente, Ada y Aico, quienes suman en total en el concejo de Montería cinco integrantes.

Por otra parte, no se debe confundir las normas establecidas en el estatuto de oposición con la normatividad que regula las bancadas al interior de las corporaciones públicas de elección popular, cuya regulación (Ley 974 de 2005) hace parte de la reglamentación del acto legislativo 01 de 2003 (Reforma Política) y determina que los miembros de cada bancada (partido o movimiento político) actuarán en grupo, de manera coordinada y harán uso de mecanismo democráticos para la toma de decisiones al interior de las corporaciones públicas donde actúen, buscando fijar a los partidos y movimientos políticos una disciplina interna y no permitir que sus integrantes vayan de un lado a otro (transfuguismo).

Restaría por decirle a la senadora Aida Avellla, sin el menor asomo de sarcasmo alguno, que quien tiene las facultades para extorsionar al Alcalde en este estadio de la administración actual no son los concejales sino los directores de los partidos políticos (seria esta una línea eficaz de defensa de los concejales frente a la extorsión denunciada) por lo que “el muerto”, como bien lo registra con meridiana precisión el columnista y líder de opinión Toño Sánchez Jr. en su columna “Las tales coaliciones”, hay que buscarlo rio arriba.

Adenda: Hasta el momento se desconoce si en la negociación que hicieron varios candidatos al Concejo de Montería, incluido los elegidos, con las franquicias de Colombia Renaciente, Ada y Aico (con 5 miembros en el concejo) incluía la Declaración política de declarase como Partidos de gobierno o si estas se reservaron la total autonomía para “negociar” con el mandatario de turno.


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Carlos J. Álvarez

Carlos J. Álvarez

Abogado


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