Convenios y contratos interadministrativos: La necesidad de una legislación clara en aras de prevenir responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales

Convenios y contratos interadministrativos: La necesidad de una legislación clara en aras de prevenir responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales
Foto: Tomada de internet

El artículo analiza la importancia de establecer un marco legal explícito y claro que regule los contratos y convenios interadministrativos, en miras de evitar y prevenir responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales.

Introducción

La Ley 80 de 1993, así como la Ley 1150 de 2007 que la modifica, establecieron un régimen general de contratación pública donde la modalidad de contratación por regla general es la licitación pública. El legislador colombiano quiso con ello supeditar la ordenación del gasto público a un proceso con amplias garantías de publicidad y transparencia frente a la ciudadanía. Consciente de las dificultades que podrían resultar de los múltiples procedimientos de la licitación pública, el mismo legislador contempló modalidades de contratación alternativas y excepcionales que responden a dinámicas específicas.

Los convenios y los contratos interadministrativos1 , por expresa disposición del artículo 76 del Decreto 1510 de 2013 –en concordancia con el artículo 2.4.C. de la Ley 1150 de 2007-, deben celebrarse bajo la modalidad de selección de la Contratación Directa. Los Convenios fueron consagrados y desarrollados en los artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998. Esta normatividad habilitó a las entidades públicas del Estado para asociarse entre sí, con el fin de cooperar para el cumplimiento de sus funciones administrativas o la prestación de servicios. Como se puede observar, los convenios y contratos administrativos responden a una arquitectura jurídica que busca fomentar la colaboración armónica entre las diferentes entidades en el seno de la administración pública.

A partir de su creación jurídica, los Convenios han sido ampliamente utilizados para el desarrollo de diversos fines constitucionales en tanto materializan los objetivos socio-económicos de la administración; no obstante, en la actualidad es un modelo de contratación altamente vigilado y cuestionado por parte de las entidades de control, pues se les endilga ser fuente de corrupción, ya que la figura se ha utilizado, en algunos casos, para soslayar el principio de selección objetiva, obviando las reglas propias de los procesos licitatorios, y así seleccionar directamente al contratista, cuando esto no es procedente.

La falta de una legislación que regule precisamente el alcance y los requisitos para celebrar convenios y contratos interadministrativos a través de Contratación Directa, ha dado pie a la descrédito de los Convenios, erigiéndose como un nuevo escenario de responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal en donde prima la desconfianza por parte de los entes de control, atizada en gran medida por los medios de comunicación. Ello genera, sin duda, un desincentivo para los ordenadores del gasto quienes desaprovechan el potencial práctico de la figura contractual para blindarse de futuras investigaciones. La ausencia de un marco regulatorio y las lagunas legales que ello conlleva, han sido en gran medida causantes de una situación de indeterminación jurídica, que en últimas hace que los convenios y contratos interadministrativos pierdan eficacia.

Los contratos y convenios interadministrativos necesitan de un marco legal explícito y claro, similar al que poseen los contratos y convenios de asociación entre entidades públicas y particulares, introducidos por el artículo 96 del Ley 489 de 1998. Esta figura al haber recibido una mayor atención por parte del legislador, goza de una apreciación más favorable y un uso más aceptado entre los funcionarios públicos, consolidándose como una de las principales herramientas de ejecución del gasto público y un mecanismo de contratación estatal eficaz en el país. Efectivamente, el Decreto 092 de 2017 desarrolló con precisión los convenios de asociación entre entidades privadas y públicas y con ello le insufló claridad y determinación a la figura, estableciendo de manera diáfana su procedencia, requisitos previos, entre otras.

La regulación propuesta es imperiosa en la medida en que proporcionará transparencia durante el proceso de contratación y generará seguridad jurídica y confianza en los servidores públicos que legítimamente quieren utilizar los contratos y convenios interadministrativos para satisfacer los fines del Estado de forma eficiente. Aprovechar sus beneficios en términos de celeridad, practicidad y eficacia debe ser una prioridad dentro del marco regulatorio de la contratación estatal. Igualmente sería importante que los encargados de las diversas investigaciones, penales, disciplinarias y fiscales, entendiera de mejor manera el significado de este tipo de Convenios.

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1 Para efectos del presente artículo, no nos interesa ahondar en las diferencias conceptuales –auspiciadas principalmente por la doctrina- que puedan existir entre una y otra figura.


Por: Gustavo Arnulfo Quintero Navas

Gustavo Arnulfo Quintero Navas

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes.


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