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A propósito de... Una justicia digital

A propósito de... Una justicia digital
William Quintero Villarreal

Por: William Quintero Villarreal

Por William Quintero Villarreal

Esta pandemia arrojó la necesidad de establecer en Colombia la importancia de la llamada justicia digital, además de estar acorde con el mundo moderno, por lo que se hace necesario entrar en la modernización del sistema judicial tantas veces criticado por ‘sirios y troyanos’.

Lo cierto es que se necesita una verdadera revolución financiera que apoye ese proyecto tan anhelado por la comunidad jurídica del país.

La digitalización de los expedientes, se hace dispendioso y costoso tanto en personal humano como logístico, pero necesario.

Para eso se debe contar con el gobierno nacional y la decidida colaboración de la ministra Margarita Cabello y su Vice la cordobesa Juanita López.

Tuve la oportunidad, como conjuez del Tribunal Superior de Justicia de Montería y como litigante, de participar en el trámite de tutelas electrónicas y el resultado fue excelente en tiempo y resolución del conflicto planteado.

Una de las consecuencias y que se debe aprovechar para bien, en esta crisis sanitaria, es el compromiso de establecer la llamada ‘justicia digital’, ante el aislamiento voluntario y la suspensión de casi toda la actividad presencial en la rama judicial hace necesario acelerar de manera urgente su implementación.

El Consejo Superior de la Judicatura dentro de su responsabilidad legal ha venido expidiendo reglas para enfrentar la justicia con la crisis sanitaria , mediante Circulares y la Rama Judicial mediante Acuerdos, todos necesarios para ir avanzando en la utilización de las herramientas tecnológicas claves para el acceso a la justicia y no solo en época de crisis como la actual.

Según datos arrojados por la Judicatura esa modernización justicia costarían entre 500 y 800 millones de dólares.

Argumentos que soportados debidamente incide en el Presupuesto Nacional, lo que constituiría la denominación pública que la justicia es la cenicienta gubernamental.

Los retos en justicia digital que evidenció la pandemia, consiste en:

«Administrar justicia de manera virtual en el día a día requiere planeación, estructura técnica, directrices claras y dejar atrás el miedo a la pantalla y a dejar el papel, advierten expertos»: Diario El Espectador, Alejandra Bonilla.

Para la administración de una buena justicia se necesitan el concurso presupuestal, técnico como humano, la voluntad política, es decir, el concurso de todos los actores que inciden en la buena administración de justicia.

Los abogados por tradición éramos reacios a la utilización de las herramientas tecnológicas, situación por fortuna revaluada y se entró a la era de la electrónica y verificación por medio de las páginas web de las diferentes actuaciones procesales sobre todo con el advenimiento del sistema oral.

Para ello, debemos contar con las herramientas necesarias, por cuanto, qué ganamos con entrar, por ejemplo, a TYBA cuando existe la gran mayoría de procesos donde NO aparecen con informacion.

La inexistencia de la digitalización de los procesos es otro obstáculo insalvable por el momento.

Existen muchos pronunciamientos por parte de la academia y de las autoridades judiciales sobre la importancia de la digitalización como única manera de entrar al mundo electrónico de la justicia, pero no se vislumbra en el panorama judicial, salvo algunos casos aislados de operadores judiciales, ningún resultado a la vista.

Lo anterior, permitirá que el abogado pueda litigar ante cualquier despacho judicial de manera digital, y así se obtendría una mayor eficiencia en el servicio judicial.

El factor económico es primordial para lograr una verdadera modernización que conlleve necesariamente acceder a ella dentro de los parámetros de una ágil y cumplida justicia.

El doctor Alvaro Namen Vargas, Presidente del Consejo de Estado, en reciente entrevista en Ámbito Juridico confirma la importancia del tema económico cuando dijo: «Si el país quiere mejorar la justicia, es crucial destinar presupuesto a la inversión, el cual, actualmente, es muy bajo, en tanto no supera el 3 % del asignado».

Luis Fernando Álvarez Londoño, S.J. Vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la Pontificia Universidad Javeriana Director de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública, a establecido que «los trámites remotos o digitales deben garantizar por lo menos cuatros aspectos básicos, a saber: 1) La identidad de las partes intervinientes; 2) La autenticidad e integridad de los documentos electrónicos que hagan parte del proceso; 3) La seguridad y privacidad de las personas intervinientes; y 4) El debido tratamiento de los datos personales de las personas intervinientes».

Es indudable que esa apreciación está destinada a la aplicación del principio universal de la buena fe, unido a la ética profesional que logre brindar al usuario de la administración de justicia la suficiente confianza para acceder a ella.

En esta época, se han realizado un sin número de conferencias virtuales sobre el tema, aprovechando el confinamiento y la necesidad de reanudar el sistema judicial, que necesariamente se deben traducir en la unificación de criterios para salvaguardar el orden institucional.

Muchas son las conclusiones y los buenos deseos para cristalizar en un futuro cercano llegar al tan anhelado ‘expediente electrónico’.

Para nosotros los abogados se cambió la manera de ejercer la profesión, debemos acomodarnos a la nueva realidad.

Es por ello que comparto la tesis de Jose Fernando Torres, Ex fellow del Legal Desing Lab. de la Universidad de Stanford en su artículo de Ámbito Jurídico sintetizado en que «Estamos ante una oportunidad histórica para transformar la justicia en Colombia».

Hay que hacer un reconocimiento a la señora jueza María Clara Ocampo de Medellín, quien aprovechando esta crisis y la suspensión de términos se propuso y logró la digitalización de su despacho judicial.

El reto es grande pero es más grande la necesidad de cambiar el acceso a la justicia y lograr el reconocimiento de los derechos de nuestros clientes, dentro de una celeridad responsable en las decisiones judiciales.

«Salus populi Suprema Lex Est». Sea la ley suprema la salvación del pueblo.

Nota al margen: Mientras tanto los Abogados administrativistas continuaremos esperanzados en la reanudación efectiva de la jurisdicción contenciosa.


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William Quintero Villarreal

William Quintero Villarreal

Abogado


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