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A propósito de... Habemus Procurador

A propósito de... Habemus Procurador

Por William Quintero Villarreal

Haciendo remembranza sobre la esperanza de nosotros los católicos en conocer el anuncio sobre el nombre del nuevo Papa, esperanzados en conocer quién sería el guía espiritual, se institucionalizó la frase ‘Habemus Papam’.

En este mundo tan proclive a la corrupción y mal manejo de la ‘cosa pública’, vemos con extrañeza cuando los funcionarios encargados de velar por la moralidad administrativa ejercen sus funciones de forma transparente, sin pasiones o intereses ocultos, propios o ajenos.

Cuando esto sucede, aparecen personas que tratan de quitar el mérito de esas actuaciones, descalificándolas y aún más, endilgándole al funcionario investigador su posible interés político, olvidando la regla general que solo le asiste el interés de proteger la moralidad pública.

Es muy fácil pasar desapercibido en este clase de responsabilidades, caso en el cual solo hay que ser complaciente a diestra y siniestra. Pero una vez, se toma la responsabilidad de ser justo, equilibrado y alejado de pasiones insanas, ahí se presenta el problema.

Nuestra historia regional nos indica la inexistencia de una completa forma de solidaridad con nuestros Procuradores, tanto Regional como Provincial.

Son pocos los que han contado con el pleno respaldo del Procurador General que les permita ejercer su cargo sin la presión de una ‘espada de Damocles’ encima de sus cabezas.

No quisiera entrar en la polémica sobre las decisiones del señor Procurador Barguil, referente a las suspensiones de ciertos alcaldes.

Sin conocer la realidad procesal, por ser materia de reserva legal, es difícil entrar a analizar las actuaciones pero éstas deben estar enmarcadas dentro los principios rectores de la buena fe y del debido proceso.

Lo único cierto y que vale la pena resaltar es el valor civil del funcionario para hacer valer las directrices del Procurador General sin el sometimiento de intereses diferentes al de ejercer plenamente su cargo.

Hay que ser muy rigurosos especialmente en el manejo del presupuesto en esta calamidad pública, y no aprovechar la crisis sanitaria para hacer política soterrada, afectando a los necesitados que no tienen color político.

Ser además rigurosos con el manejo del presupuesto bajo las condiciones de la emergencia económica como la que vivimos y debe incrementarse ese rigor ante las tentaciones que surgen para los corruptos debido a la necesidad de ejecutar de manera ágil acciones que requieren de manera urgente recursos públicos, tentaciones que opacan a los atractivos de la manzana que le dio Eva a Adán.

Ante esas claras y directas instrucciones, el buen ejercicio en sus funciones por parte del señor Procurador debe ser apoyado por toda la ciudadanía.

El Gobierno Nacional, mediante Resolución No 385 de 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio colombiano, hasta el 30 de mayo 2020, atendiendo lo anteriormente señalado, y a la necesidad de adoptar medidas extraordinarias, estrictas y urgentes, relacionadas con la contención del virus.

Consecuentemente el Gobierno Nacional profirió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, a través del cual hizo uso de las facultades constitucionales consagradas en el artículo 215 de la Constitución Política y declaró la Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.

 

El artículo 42 de la ley 80 de 1993, consagra la Urgencia Manifiesta, como una condición expresa que hace viable la celebración de contratos de forma directa de contratos de suministros de bienes, prestación de servicios o de ejecución de obras en el inmediato futuro, como es el caso de cuando median circunstancias relacionadas con los estados de emergencia.

No obstante, no obstante, una situación cómo está puede ser excusa para que los alcaldes procedan a abusar de esa figura ‘contratando a dedo’, sin la más mínima precaución para evitar violar la ley.

La inobservancia de las normas de contratación no se justifica en la aplicación de esa figura. Debe existir en el procedimiento la justificación de los estudios previos y la convocatoria a cotizar respetando los requisitos técnicos y jurídicos.

Estos son requisitos ‘sine qua non’ (sin la cual no) cuya ausencia conlleva a una falta de planeación y responsabilidad que da por obvias razones fundamentos para una eventual suspensión provisional de manera previa a las conclusiones finales de la investigación disciplinaria.

Por otra parte, hay otro tema que debe ir acompañado a las gestiones de los administradores públicos, que es el control de la SIC a los precios de los artículos de los mayoristas que podrían incidir en los precios finales de contratación.

Las últimas decisiones de la Procuraduría Regional es una alerta para todos los funcionarios del departamento, quienes no deben aprovechar la urgencia manifiesta para birlar el erario público.

Igualmente, debe existir por parte del ente sancionador el cumplimiento del debido proceso y la valoración de las pruebas dentro de la sana crítica.

Ius est ars boni et aequi.- El derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo

Nota al margen. Quiero hacer un reconocimiento póstumo a Arturo Vega Sánchez, quien en vida siempre me animaba a que escribiera y nunca le hice caso. Hoy por hoy, gracias a la benevolencia de este medio, me esta gustando.


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Por: William Quintero Villarreal

William Quintero Villarreal

abogado


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