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Gobernadores y alcaldes deberán contar con una política sólida sobre protección de DD.HH.

Gobernadores y alcaldes deberán contar con una política sólida sobre protección de DD.HH.
Redacción. A finales de febrero, los mandatarios de todos los departamentos del país celebrarán la primera cumbre de gobernadores de sus actuales administraciones.

La responsabilidad de definir su plan de desarrollo, de continuar saneando las finanzas de las entidades territoriales, pero también luchar contra amenazas como los crímenes de líderes sociales y el contrabando, están dentro de sus principales retos.

Carlos Camargo, director de la Federación de Departamentos, habló con Colprensa sobre la situación actual de estas entidades territoriales, con miras a este nuevo encuentro.

– Los asesinatos de los que son víctimas los líderes y las lideresas sociales se están convirtiendo en una tragedia humanitaria. ¿Qué harán al respecto los nuevos gobiernos regionales?

La primera acción contundente de los nuevos gobernadores será la inclusión en sus Planes de Desarrollo de una política sólida sobre la prevención y protección de los derechos humanos, enfocándose especialmente en garantizar la protección a la vida de los líderes sociales. Son conscientes de que el problema atañe al Estado en todos sus niveles, por lo cual han venido trabajando desde el primer día de su mandato con el presidente Iván Duque y con la Defensoría del Pueblo, para proteger a aquellos que exponen sus vidas en defensa de los derechos de las comunidades azotadas por la violencia.

– ¿Qué acciones concretas ha desplegado la Federación Nacional de Departamentos para conseguir que esa articulación sea efectiva?

Comenzamos por tender puentes entre el Gobierno nacional, los órganos de control y las administraciones departamentales, con el propósito de demarcar la hoja de ruta regional que debe contribuir a hacer de la protección de los líderes y lideresas sociales, una política de Estado.

Realizamos un encuentro de los 32 Secretarios de Gobierno Departamentales con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y representantes de la Organización de las Naciones Unidas, en el que quedaron sentadas bases de acción importantes.

Uno de los primeros resultados concretos, por ejemplo, es que los gobiernos departamentales quedaron familiarizados con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, a partir de allí se irán hilvanando nuevas acciones específicas para llevar a buen puerto una política estable y de largo aliento que se vea materializada en una disminución significativa de asesinatos de líderes sociales en este año.

– Las finanzas territoriales, la realidad fiscal de los departamentos, es otro de los temas clave en esta fase. ¿Cuáles son el panorama actual y las perspectivas en este campo?

Si bien existe preocupación en asuntos que siempre han sido controversiales como los recursos transferidos a las entidades territoriales desde la Nación, para el cumplimiento de sus competencias, o la inflexibilidad del esquema tributario departamental, las propias autoridades nacionales reconocen los significativos avances obtenidos por las entidades territoriales en cuanto al manejo presupuestal, la disciplina fiscal y la política tributaria, garantizando así una sostenibilidad financiera para cubrir sus obligaciones en salud, educación y deporte, las cifras lo muestran objetivamente así.

La tarea ahora con los nuevos secretarios de hacienda y jefes de renta departamentales es poner sobre la mesa propuestas para el fortalecimiento de la gestión tributaria y el aumento de sus ingresos.

– ¿Cuál es el monto de los recursos propios que han generado los departamentos?

La más reciente evaluación realizada por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda en el año 2018, muestra que la inversión atraída por las regiones ha sido un aporte clave a la dinamización de la economía del país.

La inversión, sin incluir Sistema General de Regalías, ha tenido un incremento real del 2 % entre 2017 y 2018, mientras que el SGR aportó cerca de 7 billones de pesos, solo teniendo en cuenta el nivel departamental, en inversión para los territorios en el bienio 2017- 2018.

– Hasta hace poco tiempo era un lugar común decir que un departamento estaba sometido a lo que antes se llamaba ‘régimen de quiebra’ o ‘ley de insolvencia’. ¿Esa situación persiste?

No. De hecho, solo hay cuatro departamentos que están sujetos a acuerdos de reestructuración de pasivos (Córdoba, Magdalena, Sucre y Valle) y durante los dos últimos años culminaron exitosamente sus procesos Caquetá, Nariño y Caldas. Es importante resaltar que en su momento estos acuerdos permitieron a varias entidades territoriales sanear su manejo financiero y presupuestal.

Sin embargo, vale la pena revisar a futuro estas medidas, considerando que las entidades territoriales departamentales han demostrado estabilidad financiera y responsabilidad fiscal que podría permitirles flexibilizar los límites establecidos hoy en día.

– Mencionaba usted que ha habido avances en el tema pensional…

Sí. A 31 diciembre de 2019, los aportes del Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet) llegaban a 52,3 billones de pesos. A esa fecha se registraban como los mayores logros que 928 entidades territoriales tuvieran cubierto el pasivo del sector central y que 510 tuvieran cubierto su pasivo en el sector educación.

Si bien el pasivo estimado de los departamentos es del 39,4 %, algunos de ellos, como Vaupés, Guaviare, Guainía, San Andrés y Casanare, lo tienen cubierto.

– La lucha frente al contrabando es un tema transversal a toda la economía colombiana. ¿Cuál es su balance del acuerdo celebrado con la multinacional Phillips Morris?

Durante los diez años de ejecución, el Acuerdo ha significado para los departamentos cerca de 66.000 millones de pesos en recursos para enfrentar el fenómeno. Para los próximos tres años están proyectados más de 41.868 millones adicionales.

Su ejecución nos ha permitido hallar aliados fundamentales como la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), lo que ha potenciado los resultados. Durante 2019, por ejemplo, la aprehensión de 1.233.021 cajetillas de cigarrillos de contrabando y el cierre de 293 establecimientos dedicados al comercio ilegal.

En el campo del contrabando de licores, que afecta sensiblemente los recursos de los departamentos, durante el mismo año las autoridades se incautaron cerca de 338.704 litros por un valor cercano a los 5194 millones de pesos.

REGIONES ADMINISTRATIVAS

– ¿Cuál es la principal virtud de la nueva Ley de Regiones?

Abre espacios a la creación de esquemas asociativos que, como las RAP (Regiones Administrativas y de Planificación) permiten a los departamentos desarrollar conjuntamente importantes proyectos y programas para el desarrollo regional, a través del aprovechamiento de capacidad técnica conjunta y economías de escala, por ejemplo.

Por otro lado, las alianzas público-privadas (APP) tendrán ahora más participación dentro de las obras de desarrollo regional que quieran desarrollar gobernadores y alcaldes en el país. El concurso de las APP en la iniciación y conclusión de proyectos puede resultar fundamental en la medida en que en las últimas dos vigencias han venido siendo contratados proyectos por 5 billones de pesos correspondientes al Sistema General de Regalías, recursos que constitucionalmente son de propiedad de los departamentos.

La ley de Regiones también dispone que a partir de la próxima vigencia fiscal el Gobierno pueda asignar una partida en las leyes anuales de presupuesto general de la Nación, con el objeto de cofinanciar los proyectos de inversión con impacto regional, en este punto nos encontramos trabajando de la mano del Ministerio de Hacienda desde el año 2019.

– La FND propuso que se creara una Misión de Descentralización. ¿Qué se puede esperar de ella?

Así es, se propuso y gracias a la aprobación de la Ley de Regiones es una realidad, y la Misión de Descentralización entrará en funcionamiento este 2020. Estamos comprometidos a trabajar con ella en la redefinición de competencias, recursos y grado de autonomía de las entidades territoriales, y el desarrollo de la Misión será uno de los ejes fundamentales para la ejecución de futuros programas y políticas en todos los niveles de gobierno.
Estoy convencido de que el trabajo de la Misión va a marcar un hito en el desarrollo del país a partir de las regiones.

– ¿Cómo proyectará su gestión con los nuevos gobernadores?

Manteniendo una filosofía de trabajo que consiste en lograr una mayor descentralización y autonomía para las regiones. Por supuesto ellos marcarán nuevas directrices y los equipos de la Federación estarán dispuestos a seguirlas, porque somos los voceros de los intereses de las regiones.

Vienen retos muy interesantes. Entre ellos está el de contribuir al buen éxito de la aplicación de La Ley o Acuerdo de Punto Final para sanear el sector de la salud pública. Tenemos expectativas muy favorables alrededor del trabajo de la Comisión del Sistema Tributario Territorial, la Comisión del SGP y la Reforma al Sistema General de Regalías. Hay razones para ser optimistas.

Fuente: Colprensa


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