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En blanco y negro, los temas por los que convocan al paro del 21

En blanco y negro, los temas por los que convocan al paro del 21

Dos de los principales puntos, las reformas pensional y salarial, ni siquiera han sido presentados.


Como no sucedía hace años en el país, la convocatoria al paro nacional para el próximo 21 de noviembre ha generado una intensa polémica entre los sectores que promueven las marchas y el Gobierno, que sostiene que varios de los puntos argumentados por los convocantes no son ciertos y, además, que hay un alto riesgo de infiltración de los violentos en esa jornada.

Los sindicatos, asociaciones de jubilados y los estudiantes promueven las marchas en diversos puntos de la capital contra lo que algunos llaman ‘el paquetazo económico’ del Gobierno. El supuesto deterioro en las pensiones y salarios, que no existe porque ninguna reforma en tal sentido ha sido radicada por el Ejecutivo, es uno de los ‘ganchos’ que más han circulado para convocar apoyos al paro.

Esta es lo que hay, y lo que no, frente a los principales puntos de la agenda de los promotores de las marchas.

El ‘paquetazo en pensiones y salarios’: hasta ahora, no existe 

En las últimas dos semanas, el presidente Iván Duque ha intensificado sus mensajes en el sentido de que no apoya propuestas -que sí se han planteado desde algunos centros de análisis económico- para establecer salarios mínimos diferenciales para jóvenes o por regiones, subir la edad de jubilación y  refomar o debilitar a Colpensiones. Estos temas están entre los argumentos principales de las centrales obreras para convocar las marchas de la próxima semana.

Reforma laboral: los convocantes rechazan las propuestas de algunos sectores, sobre todo académicos, que plantean la reducción del salario para los jóvenes, para que devenguen hasta un 75 por ciento del mínimo. También las que proponen salario diferencial por regiones, contratación por horas y eliminación del salario mínimo. Con esas propuestas, argumentan, se lograría una mayor competitividad y lograr el enganche en el sector formal para miles de jóvenes que hoy están por fuera del sistema productivo.

El presidente Iván Duque ha dicho que el Gobierno “no avala, no acompaña, no respalda y, además, rechaza la idea de que a los jóvenes se les pague menos del salario mínimo”. Esta propuesta, en palabras del jefe de Estado, va en detrimento del ingreso de los jóvenes. Asegura que cualquier iniciativa en materia de salarios será concertada con los trabajadores y empresarios.

Reforma pensional: los sindicatos señalan que se está cocinando una nueva reforma pensional que haría casi imposible jubilarse en Colombia, eliminaría el régimen de prima media y acabaría con Colpensiones. También, que se busca imponer que haya pensiones por debajo del mínimo a través de los BEPS.

El presidente Duque ha reiterado que en esa materia no hay nada escrito y, de nuevo, que cualquier propuesta del Gobierno al Congreso saldría de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. También niega que esté apoyando el aumento de la cotización de los trabajadores, y dice que “no está promocionando ninguna afectación a Colpensiones”. Según el Gobierno, una eventual reforma solo se daría para que más colombianos lograran una pensión, pues en la actualidad menos de 3 de cada diez lo logran. El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha dicho que sí habría una modificación del régimen de prima media para que el Estado deje de financiar, como actualmente ocurre, el mayor monto de las pensiones más altas a cargo del sistema público. Y en todo caso, se garantizarían los derechos adquiridos.

Privatizaciones: los sectores que convocan al paro sostienen que el Gobierno está pensando en privatizar Ecopetrol, ISA, CENIT, electrificadoras regionales y todas las empresas en las que la participación del Estado sea inferior al 50 por ciento. El tema de la subasta del espectro radioeléctrico también ha sido mencionado.

El Gobierno tiene autorización legal para vender hasta un 8,5 por ciento de Ecopetrol, pero a la fecha no ha manifestado su intención de llevar a cabo esa operación, dada la rentabilidad de la compañía.

Con corte al 2018, el Gobierno Nacional tiene participación directa en 105 empresas a través de sus ministerios y departamentos administrativos, en las cuales cuenta con participación mayoritaria en 39 de ellas y una participación minoritaria en 66.

Las tarifas de energía se incrementarán un 35 %:  las centrales obreras aseguran que las tarifas de energía se incrementarán hasta en un 35 por ciento, especialmente para los estratos 4,5 y 6, con el fin de salvar a Electricaribe. En el Plan de Desarrollo se aprobó una contribución para el salvamento de esa empresa, que pagarían los estratos más altos, pero esa sobretasa será  de $680 para el 4; para el estrato 5 de $800 y el estrato 6 de cerca $1.100. Para este mes es posible, por otro lado, que haya un aumento en tarifas pero tiene que ver con la situación de mercado de la energía, que se negocia en bolsa. Aunque hay analistas que advierten de aumentos importantes, otros sostienen que se trata de una situación pasajera que, además, probablemente no llegará al consumidor porque las negociaciones de la energía se realizan usualmente por periodos prolongados, garantizando las condiciones iniciales.

Defensa de la protesta social: según los organizadores del paro, el Gobierno busca restringir  la protesta social y, afirman, criminalizar y estigmatizar a los que protestan.

El Presidente ha dicho en varias oportunidades que el Gobierno respeta el derecho constitucional de la protesta, pero condena el uso de la violencia. “Tenemos que tener claro que todos podemos discutir y dialogar y podemos diferir en democracia, pero que la defensa de la democracia implica el rechazo categórico a la violencia y a que se pueda proceder con todas las herramientas de la ley frente a cualquier acto de vandalismo”, asegura.

¿Qué hay frente a lo que dicen los estudiantes?

Los estudiantes universitarios son el otro gran sector, además de los sindicatos, que está moviendo la jornada del 21.

Dentro de las razones que argumenta para salir a las calles están el supuesto incumplimiento del Gobierno de los acuerdos firmados hace un año, la corrupción en las universidades – especialmente en la Distrital-, y por el artículo 44 de la Ley de Presupuesto, que aunque venía apareciendo en todas las leyes desde hace más de una década solo ahora fue cuestionado. Supuestamente, porque permitiría que el Estado saque plata del presupuesto de las universidades para pagar condenas contra la Nación.

Los técnicos en esta materia han explicado que lo que permite el artículo es que, como lo hacen todas las entidades públicas, las universidades oficiales paguen con su presupuesto las condenas que tienen en contra.

Dicho artículo indica que «en virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992».

Luego de ser aprobado, el jueves 17 de octubre, varios rectores de universidades públicas levantaron su voz de protesta aseverando que el artículo genera confusiones a tal punto que las instituciones se iban a convertir en «la caja menor con la que se pagará muchas de las sentencias y fallos judiciales en contra del Estado».

Según había dicho la Universidad Nacional en un comunicado, dicho artículo resultaba «nocivo para las instituciones de educación superior públicas”.

Sobre este punto, el presidente Iván Duque ya dijo que pedirá a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, que objete dicho artículo; y la jefe de esa cartera aseguró que el 41 no es un artículo nuevo, sino que lleva 17 años en el presupuesto:
“La razón era recordar que hay un rubro para contingente judicial y que la Nación siempre concurre para que las entidades podamos pagar contingente judicial”.

Asimismo, los estudiantes indican que uno de los puntos que no se han cumplido es la inclusión de los saldos presupuestales apropiados y no apropiados en el Plan Nacional de Desarrollo, que se estimaban en 300.000 millones de pesos y que supuestamente serían destinados a Colciencias. 

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, ha dicho que lo que se acordó es que se tendría en cuenta cómo se cerraría el ejercicio económico de cada vigencia. “En el ejercicio fiscal no quedaron saldos comprometidos y no apropiados”, afirmó la funcionaria. Y agregó: “No obstante, el Presidente aprobó 78.500 millones adicionales, que ya están en el presupuesto de Colciencias para el 2020″.

El tercer punto que han esgrimido los estudiantes es la corrupción en las instituciones de educación superior, especialmente en la Distrital, hechos que ya están en manos de la justicia. El funcionario más cuestionado, Wilman Muñoz, ya fue destituido por la Procuraduría y está procesado penalmente. Muñoz, exdirector del Instituto de Extensión de la universidad (Idexud), habría desviado recursos de la institución (se habla de más 11.000 millones de pesos) y asegura que está dispuesto a colaborar para poner en evidencia a otros partícipes en los hechos delictivos. Los estudiantes de la Distrital han realizado decenas de marchas este año y varios de ellos se tomaron esta semana una de las sedes de la institución.

El Inpec y el sindicato de la Rama Judicial, también en la marcha

En la Rama Judicial unos 50.000 funcionarios, según la Coordinadora Sindical del Poder Judicial, se movilizarán en el paro del 21 de noviembre. Los sindicatos judiciales consideran que no han tenido resultados concretos de la mesa técnica que instalaron con el Gobierno Nacional, ni en las reuniones con la ministra de Justicia Margarita Cabello.

Argumentan que no hay avances en los temas de presupuesto para la Justicia, los salarios y las condiciones de hacinamiento de las cárceles del país. Los sindicatos aseguran que uno de sus objetivos es lograr que se reajuste la bonificación judicial en el mismo porcentaje en el que se aumentó el salario en el 2019, un 4,5 por ciento.

También están pidiendo que se amplíe la planta de personal de la justicia en por lo menos 2.400 nuevos empleados, cambio que costaría unos 282.000 millones de pesos. Los sindicatos plantean que mientras los países de la OCDE tienen 65 jueces por cada 1.000 habitantes, en Colombia la tasa es de 11 jueces.

Además, proponen la creación de nuevos juzgados para redistribuir las cargas laborales, ya que afirman que la congestión y el vencimiento de términos son consecuencia de la falta de jueces y fiscales.

Ante estos reclamos, el Consejo Superior de la Judicatura ha dicho que entre 1993 y el 2018 se aumentó en un 38 por ciento el número de jueces para atender los conflictos, con 1.499 despachos permanentes en la actualidad. Así, dice la Judicatura, mientras en 1993 había 3.855 jueces, en la actualidad hay 5.444.

Aunque uno de los reclamos de los sindicatos es la implementación de la carrera judicial, la Judicatura afirma que ese mecanismo se ha venido consolidando, pasando de 9 convocatorias entre 1994 y 1996, a 108 convocatorias entre 1996 y 2018, concursos que han llevado a que 22.000 personas sean nombradas en propiedad.

En cuanto al presupuesto, según el Consejo Superior de la Judicatura, el dinero para la Rama Judicial ha tenido un crecimiento constante en los últimos nueve años, con una participación en el PIB del 0,4 por ciento. La Judicatura sostiene, sin embargo, que el presupuesto de 4.1 billones de pesos que tuvo la Rama Judicial para el 2018 no es suficiente y que esto  «afecta la autonomía y posibilidad de accionar como una de las tres ramas del poder público».

La Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), el que asegura ser el más grande de los más de 80 sindicatos del Inpec, también anunció su apoyo al paro.

Sus voceros aseguran que hay tres proyectos de ley que cursan en Cámara de Representantes «que privatizan la resocialización carcelaria».

El Inpec es una de las instituciones más cuestionadas del Estado colombiano por cuenta de los escándalos de corrupción (como la reciente fuga de Aída Merlano) y porque es el único cuerpo armado del Estado que tiene sindicatos.


Fuente: eltiempo.com

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