Rector de la I. E. Róbinson Pitalúa denunció a la contralora de Montería por prevaricato por acción

Montería. Un informe de la contraloría Municipal, en cabeza de María Cecilia Frasser Arrieta en el que se enumeran varios hallazgos tiene enfrentada a la funcionaria con el rector de la Institución Educativa Róbinson Pitalúa, Jorge Acosta Arias.

El tome y dame ‘jurídico’ va desde la resolución 127-20 del 26 de junio de 2020 de la contraloría sobre lo detectado en el colegio al auditar los contratos por urgencia manifiesta hasta la denuncia penal, ante la Fiscalía por el delito de prevaricato por acción, de ayer 21 de julio y la querella disciplinaria, ante la Procuraduría, en contra de Frasser Arrieta.

Denuncia Penal

Ayer martes 21 de julio Acosta Arias interpuso una denuncia penal en contra de la contralora Municipal aduciendo que: “obedece a una persecución política por parte de la administración anterior, haciendo cobro, a todos aquellos Rectores que no lo acompañaron en las urnas, en los pasados comicios electorales”.

También señala el rector que la Resolución expedida por la Contraloría: “carece de soporte fáctico y jurídico, violatorios del principio de taxatividad, legalidad, y debido proceso”.

Además, punto por punto, Acosta desvirtúa cada uno de los hallazgos y los reparos dados a conocer por el ente de control municipal.

Según el rector, se materializa el delito de prevaricato por acción: “al expedir un acto administrativo, (Resolución N° 127 -20 de fecha junio 26 de 2020) violatorio del debido proceso, del derecho a la defensa, violatoria del principio de legalidad, y congruencia”.

También agrega que: “La funcionaría realizó una auditoría de manera subrepticia (Que se hace o toma de manera oculta), a espalda del auditado rector, violando lo establecido en la Resolución Reglamentaria Orgánica 0023 de agosto 31 de 2018, adoptada por la Contraloría General de la República, donde, nunca notificaron al rector de ninguno de los procedimientos que se realizaron al interior de la Auditoría, y como si fuera poco, utilizaron normas derogadas, incongruentes y que no aplicaban al caso o a la situación supuestamente encontrada”.

Argumenta el Rector de la I. E. Róbinson Pitalúa que todo lo establecido en la resolución no corresponde a la verdad, porque carece de soporte tanto fáctico como jurídico, y que todo obedece a una persecución política.

La querella disciplinaria

Acosta, además de exponer los argumentos que le presentó a la Fiscalía, le asegura al Procurador que no ha sido notificado personalmente de la Resolución donde la Contralora expone los hallazgos, por lo que solicita que requiera a la Contraloría Municipal de Montería, a fin de que se suministre información detallada con respecto a la procedencencia o no del Recurso de Reposición interpuesto por el Rector de la Institución Educativa Róbinson Pitalúa.

El génesis: Los Hallazgos

Todo se deriva de los hallazgos expuestos en la Resolución 127-20 del 26 de junio de 2020 de la Contraloría sobre los contratos auditados en el marco de la declaratoria de Urgencia Manifiesta por el Covid-19.

Según el ente de control estos no contaron estudios previos, que evidenciará la justificación y descripción de la necesidad de suscripción de los mismos.

Y el ente detecta cuatro hallazgos con presunta incidencia disciplinaria por falta de supervisión y control e incumplimiento a disposiciones legales generales, lo que motivó a “Emitir pronunciamiento DESFAVORABLE respecto a la contratación suscrita, por la I. E. Robinsón Pitalúa con ocasión de la urgencia manifiesta”.

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