Por presunta omisión, Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería deberá responderle a la Procuraduría
Por Blanca Berrío Montiel
Montería. Atendiendo una queja interpuesta por Adriana Cote Velosa y Jairo Díaz Sierra, la Procuraduría Provincial de Sucre le abrió investigación a la junta directiva de la Cámara de Comercio de Montería.
Cote Velosa y Díaz Sierra son representantes del Gobierno Nacional ante la Junta de la entidad y denunciaron presuntas irregularidades en la contratación de la entidad, que está en cabeza de Félix Manzur.
La Cámara de Comercio habría adjudicado millonarios contratos con las mismas cuatro empresas, todas con nombres extranjeros, por un valor cercano a los 8.500 millones de pesos.
Deberán responder, ante el Ministerio Público: Jorge Eliécer Doria Corrales, Álvaro Segrith Sepúlveda Salgado, Gloria Díaz Tapia y María Díaz Ibañez.
Se presume humo omisión
Según la Procuraduría, se presume que “incurrió presuntamente en omisión la JUNTA DIRECTIVA de la Cámara de Comercio de Montería al no actuar en forma diligente y controlar las presuntas irregularidades que se han venido presentando ya que la Cámara de Comercio de Montería a través de su Director ejecutivo, en el ejercicio de la función pública y con recursos públicos, celebró durante los años 2016 a 2019 y a inicios del 2020, varios contratos, sin que presuntamente haya habido cuestionamiento o control alguno a los planes estratégicos y planes de acción durante las vigencias mencionadas, por parte de los miembros de la Junta Directiva”.
Lo anterior, “sin que los miembros de la junta directiva hayan considerado utilizar mecanismos amplios de convocatoria pública. Encontramos en la observación y análisis de la contratación durante esas vigencias: solamente dos personas jurídicas distintas que han manejado una cuantiosa suma de dinero, que comparten la misma dirección residencial y contratos que se repiten con el mismo objeto, sin que dichas personas jurídicas presuntamente tengan la capacidad administrativa, organizacional y financiera para ejecutar dichos objetos contractuales, con diferencias notables de costos entre año y año”, dice el auto emitido por el ente de control, con fecha del 7 de septiembre.
De igual manera se observa, según la Procuraduría, que en los últimos tres años la entidad ha suscrito contratos con las mismas cuatro empresas, todas con nombres extranjeros presuntamente violándose gravemente los principios que rigen la función administrativa, gestión fiscal y contratación estatal.
Considera el Ministerio Público que con la celebración de los contratos que hoy son objeto de investigación se pudieron presentar irregularidades en la actividad precontractual y contractual que probablemente no fueron controladas por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería.
Así las cosas, probablemente los disciplinados podrían haber incurrido en falta disciplinaria gravísima establecida en el artículo 55 numeral 3 de la ley 734 de 2002.
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