Los ocho puntos por resolver a 33 años de la toma del Palacio de Justicia

Los ocho puntos por resolver a 33 años de la toma del Palacio de Justicia

Hoy martes 6 de noviembre se cumplen 33 años de la toma al Palacio de Justicia, hecho de enorme trascendencia en la historia de Colombia, perpetuado por un comando de la guerrilla del M-19, apoyados en los intereses de varios narcotraficantes, que pretendía presionar al Gobierno de Belisario Betancur Cuartas a tumbar el tratado de extradición.

Quizá sobre este episodio lo que más se toca en la actualidad es la historia de los 11 desaparecidos. Sin embargo ya no son 11, porque la justicia ha podido, a través de sofisticadas pruebas de ADN y de la revisión minuciosa de cada caso, identificar los restos de varios de ellos.

El último en ser hallado, en septiembre de 2017,  fue Bernardo Beltrán Hernández, quien trabajaba como mesero en la cafetería del Palacio. Cuando desapareció tenía 24 años y acababa de terminar sus estudios en el Sena. Se convirtió en el sexto desaparecido identificado del emblemático grupo de los 11.

Meses antes encontraron a Héctor Jaime Beltrán, cuyos restos estaban en una tumba que tenía el nombre de otra persona, en Barranquilla. Él era uno de los empleados de la cafetería del Palacio para la época de la toma terrorista protagonizada del M-19.

En septiembre del año pasado el Instituto de Medicina Legal confirmó plenamente su identidad y su familia pudo por fin enterrarlo, después de una búsqueda de casi 32 años.

En octubre de 2015 se identificaron los cuerpos de Lucy Amparo Oviedo, Cristina del Pilar Guarín Cortés y Luz Mary Portela, todos en tumbas que no les correspondían. Las dos primeras mujeres eran también empleadas de la cafetería del palacio, mientras que la segunda era una visitante ocasional de este. En el 2000 habían sido identificados los restos de Ana Rosa Castiblanco Torres.

En diciembre del 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición de 11 personas y la retención ilegal y tortura de otros cuatro civiles en el Palacio de Justicia.

Para la Corte IDH, como para la justicia colombiana, quedó probado que “bajo la dirección de funcionarios militares, las autoridades alteraron gravemente la escena del crimen y cometieron múltiples irregularidades en el levantamiento de los cadáveres”. Esa es una de las explicaciones de por qué por tanto tiempo se dio por desaparecidas a personas que en realidad murieron durante los dos días de guerra en Bogotá. La responsabilidad primaria de la tragedia, como lo han señalado todas las sentencias, recae sin duda en el M-19, que entró asesinando a la sede de la justicia con la supuesta intención de realizar un juicio político al presidente Belisario Betancur. Pero la respuesta del Estado sigue siendo objeto de investigación.

En fin, más de tres décadas han pasado desde ese hecho, y la justicia aún no ha logrado dar sentencia final, ni sacar a relucir la verdad de lo ocurrido. En el expediente que tiene la Fiscalía en su poder, hay ocho líneas principales en las que se centra la investigación que adelanta sobre estos hechos.

  1. La primera es la situación jurídica de los militares vinculados por la desaparición forzada y homicidio del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán Rojas. En este punto, se espera que los investigadores den pronta respuesta de los uniformados vinculados a este hecho, y por ahora, esperan que “lleguen los informes periciales realizados a sus restos óseos que, entre otros, buscan determinar la naturaleza y composición de la esquirla hallada al explorar de manera técnico-científica los restos óseos de la víctima”. Esta evidenciaserá clave, según los investigadores, para ratificar o desvirtuar algunas de las hipótesis que se tienen sobre la forma en cómo murió esta persona.
  2. Aún no se ha definido si se abre o no una investigación por homicidio y desaparición de los integrantes del M19 que participaron en este hecho. En el caso puntual hay 13 militares vinculados, y no se tomará una decisión de fondo hasta que culminen las labores de identificación de los cuerpos de los guerrilleros que hicieron parte de la toma.
  3. Las torturas delas que habrían sido víctima Yolanda Santo Domingo y Eduardo Matson, estudiantes del Externado presentes en el Palacio durante la toma. Al respecto, el pasado 28 de noviembre el ente acusador ordenó proseguir con 13 indagatorias que fueron ordenadas en octubre del 2015, que ya se efectuaron entre el 15 y 30 de enero de este año.
  4. Sobre la desaparición de los 11 empleados de la cafetería del Palacio, tema sensible en la investigación, se ha avanzado en tres puntos: ya se han hecho la entrega digna de los restos a algunos familiares, algunas exhumaciones, y reuniones con allegados de las víctimas, sus representantes y organizaciones interesadas en el caso.
  5. Desaparición de 11 integrantes del M-19 que participaron en la retoma del Palacio. La Fiscalía ordenó en febrero de este año buscar a sus familiares, para obtener un perfil genético y cotejarlo con restos en poder de Medicina Legal.
  6. Solo se han encontrado e identificado los restos de seis de los 11 empleados desaparecidos en la toma. El Estado fue condenado por estos hechos.
  7. Se solicitó vincular penalmente a Jesús armando Arias, Rafael Hernández López, Celso Suárez Martínez, Rafael Zamudio, Edilberto Sánchez, Oscar William Vázquez, Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Ruiz Jiménez, Víctor Delgado Mallarino, Miguel Alfredo Masa Márquez y el expresidente Belisario Betancur, por su presunta participación en la desaparición de los participantes en la toma del Palacio.
  8. Se busca dar con el paradero de los restos del administrador de la cafetería del Palacio, Carlos Augusto Rodríguez; los de la trabajadora Gloria Estela Lizarazo, la visitante Gloria Anzola de Lanao, y la guerrillera del M19 Irma Franco Pineda.

Con información de Zenú Radio, El Tiempo y DiarioDelCauca


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