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Defensoría busca soluciones de diálogo ante problemática en la mina El Alacrán

Redacción. “La Defensoría del Pueblo lleva varios años mediando y trabajando para buscar soluciones ante la problemática en la mina El Alacrán. La Entidad mantiene una misión humanitaria para verificar la situación en que se encuentran las comunidades y adelantar actuaciones para su atención”, explicó hoy martes el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien ha liderado el acompañamiento a la comunidad.

El pasado 14 de marzo, desde primeras horas de la mañana la Defensoría del Pueblo sostuvo conversaciones con la Alcaldía de Puerto Libertador y participó en la reunión del Puesto de Mando Unificado, PMU, en donde se escuchó a la comunidad de la mina El Alacrán y se acordó el trabajo articulado de las instituciones para la protección de los derechos de los habitantes en esta vereda.

Ayer 15 de marzo, la Defensoría del Pueblo adelantó una misión humanitaria en la vereda para verificar la situación en que se encuentran las comunidades y adelantar actuaciones para la atención de la crisis social que se está presentando.

Desde el 2015, la Defensoría del Pueblo ha venido acompañando a la comunidad minera de El Alacrán, conformada por 300 familias y alrededor de 1.200 personas, en la defensa de sus derechos, igualmente y en el marco de la sentencia T-095 de 2015, se han realizado diferentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional.

Durante el mes de septiembre de 2020 la Defensoría del Pueblo desplegó actuaciones encaminadas a buscar la solución a la problemática social y ambiental derivada de la actividad extractiva en la zona, para ello solicitó y propició el establecimiento de un diálogo entre las instituciones, la comunidad y la empresa Minerales Córdoba.

A fines del mes de noviembre del año pasado, un equipo interdisciplinario del nivel nacional y regional de la Defensoría del Pueblo se desplazó durante una semana a Puerto Libertador para analizar a fondo la situación, realizó un amplio recorrido por la vereda y los entables mineros, verificó la situación de suministro de agua potable y recibió las quejas de la comunidad.

Durante esta visita se adelantaron reuniones con los líderes de la comunidad, las autoridades locales y la empresa Minerales Córdoba. Como resultado, y por solicitud de la Defensoría del Pueblo, se acordó la conformación de una mesa de trabajo entre las Instituciones, la comunidad de la mina El Alacrán y la  empresa Minerales Córdoba, para buscar soluciones a la problemática que se viene presentando y propender por la garantía de los derechos de la población.

La mesa de trabajo viene funcionando en el marco del Puesto de Mando Unificado, PMU que es convocado por la Alcaldía de Puerto Libertador. Hasta el momento se han realizado 10 sesiones amplias de negociación, en todas se ha contado con el liderazgo y participación activa de la Defensoría del Pueblo, que ha ejercido el rol de mediador cuando se ha requerido, ha realizado planteamientos específicos en defensa de los derechos individuales y colectivos de las comunidades, así como un llamado constante a la importancia del diálogo para la búsqueda de soluciones a las controversias.

Desde las primeras reuniones se definió un cronograma de trabajo y el pasado 5 de febrero, después de una ardua jornada de 14 horas con el acompañamiento de la Defensoría, la comunidad de la mina El Alacrán y la empresa Minerales Córdoba, llegaron a un acuerdo sobre obras para garantizar el suministro de agua potable, vías de acceso, cancha deportiva, becas y el censo poblacional, entre otros aspectos, aunque subsisten diferencias que han sido analizadas en sesiones posteriores del Puesto de Mando Unificado.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo ha sostenido diferentes reuniones con el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería y la Alcaldía de Puerto Libertador con el fin de avanzar en el análisis de la problemática de formalización minera en la región.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo ratifica su compromiso en la defensa de los derechos individuales y colectivos de las comunidades y para ello, desde la reunión sostenida el domingo pasado, ha desplegado actuaciones en territorio y exhortado al diálogo y trabajo articulado de las Instituciones.


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