Cartel de la Hemofilia: Alejandro Lyons, condenado fiscalmente por la Contraloría
Redacción. Al término de una audiencia que duró más de doce horas y en decisión de primera instancia, la Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal en cuantía de $71.674 millones de pesos, a título de culpa grave, en contra del exgobernador de Córdoba Alejandro José Lyons Muskus, y otros funcionarios y exfuncionarios de la Gobernación de Córdoba, por cuenta del denominado Cartel de la Hemofilia.
La decisión de conoce en momentos en que Lyons Muskus se encuentra fuera del país.
En este caso, se realizaron pagos irregulares por miles de millones de pesos con cargo al presupuesto departamental, por supuestos pacientes de hemofilia que en realidad gozaban de cabal salud.
Para perpetrar el fraude se presentaron soportes y documentos falsos como historias clínicas, órdenes médicas y exámenes de laboratorio, entre otros. Entre los declarados responsables fiscales figuran, además, del exgobernador Lyons, secretarios de salud, auditores médicos, coordinadores y prestadores de servicios de salud IPS.
De acuerdo al fallo emitido por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, fueron declarados responsables fiscales:
Alejandro José Lyons Muskus, en su calidad de Gobernador de Córdoba al momento de los hechos. Alfredo José Aruachán Narváez, como Secretario de Desarrollo de la Salud de Córdoba. Alexis José Gaines Acuña, como Secretario de Desarrollo de la Salud de Córdoba.
También, Edwin Preciado Lorduy, como Secretario de Desarrollo de la Salud de Córdoba; Juan Carlos Cervantes Ruiz, como Secretario de Desarrollo de la Salud de Córdoba; Alfredo Ignacio Ceballos Blanco, como Coordinador del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
Así mismo, Adalberto Rafael Carrascal Barón, como Coordinador del CAM de la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba; Juan David Nader Chejne, Auditor Médico; Marcela Sofía Suárez Luna, Auditor Médico; Mayda Gómez Ochoa, Auditor Médico; La IPS Unidos por su Bienestar SAS y su Representante Legal, Guillermo José Pérez Arcila y la IPS San José de la Sabana SAS y su Representante Legal, Rubén Darío Guerra Gil.
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