Colombia federal, un viejo debate que se reabre en el Congreso colombiano
Bogotá. El congresista Lidio García causó controversia con el último de sus pronunciamientos como presidente del Senado, antes de entregar el cargo a Arturo Char.
El político del Partido Liberal invitó a los parlamentarios a poner en discusión, nuevamente, “la conversión de Colombia en un Estado Federal, con la plena e indiscutible autonomía de sus regiones”.
La propuesta, que es tan vieja como la misma instauración de la Constitución de 1886, cuando Rafael Nuñez dio inicio a la República de Colombia tras al menos dos décadas de federalismo, sería para García la mejor opción en tiempos de crisis por la pandemia.
Aunque la efectividad de un estado centralizado se ha puesto en duda a lo largo de la historia, el coronavirus reveló con mayor contundencia la desigualdad en acceso a servicios básicos y recursos destinados a las poblaciones más apartadas de la capital del país.
Como lo muestran los registros del Ministerio de Salud, el brote del virus se expandió rápidamente en aquellas poblaciones con precarios sistemas de salud, donde el traslado de los enfermos y los resultados de las pruebas diagnósticas tardan días en ser una realidad.
“Sigue siendo inconcebible que las entidades territoriales tengan las funciones y peleen por recursos”, añadió García durante la instalación del Congreso. Su propuesta causó revuelo en las fuerzas políticas del país que ven con recelo e intriga cómo sería posible volver a un Estado Federal en estos días.
Juan Manuel Galán, senador de la República, respaldó la iniciativa diciendo: “Colombia Federal es un grito desesperado por el asfixiante centralismo nacional. Profundizar la descentralización es el camino, apoyar a las regiones para que puedan producir más recursos propios, el instrumento vital. Sin recursos la descentralización nunca pasará del discurso”.
A su vez, el procurador Fernando Carrillo señaló, vía Twitter, que la propuesta es una “oportunidad de abrir el debate sobre la ausencia de la justicia a nivel local y rural”.
Sin embargo, este cambio es más fácil de plantear que de realizar. La reorganización administrativa y jurídica del país dependería de una reforma a la Constitución de 1991 de la que emana toda norma vigente hasta ahora.
Sumado a que la propuesta debería pasar por un control político del Congreso en donde las bancadas entrarían en un constante tire y afloje que podría durar meses, incluso, los dos años que restan de legislación en el Gobierno Duque.
Fuente: Semana.com
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