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Actores privados han incidido en el despojo de tierras

Actores privados han incidido en el despojo de tierras

Aunque según sentencias nacionales entre los principales victimarios del despojo y abandono de tierras en Colombia un 55 % corresponde a grupos paramilitares, 16 % a guerrillas, 6 % a grupos armados no definidos, 22 % a enfrentamientos violentos y 1 % al Estado, actores privados como empresas y bancos se asocian con las dinámicas de despojo de tierras en el país.

Así lo advierte el abogado Gerardo Vega Medina, director de la Fundación Forjando Futuros, para quien «los bancos entregaron créditos en tierras despojadas sin la debida diligencia, sin estudiar la normativa».

En ese sentido, señaló que 66 empresas de todo el país, entre multinacionales, agroindustriales, mineras y bancos fueron condenadas a restituir tierras, suspender títulos mineros y anular hipotecas bancarias.

Entre el 2012 y 2020 estas medidas fueron ordenadas por medio de 5.611 sentencias de magistrados de restitución de tierras, en favor de campesinos y comunidades étnicas que habían sido despojadas.

Las 6,5 millones de hectáreas abandonadas y despojadas, que equivalen al departamento de Antioquia, algún país europeo o centroamericano, se concentran en 13 zonas del país que incluyen el sur del Cesar, Córdoba, Sucre, Chocó, Llanos Orientales y la parte Caribe.

De esa cantidad de tierras, el 21 % correspondía a predios de menos de 1 hectárea, 56 % entre 1 y 10 ha, y 19 % entre 10 y 50 ha, lo que muestra que el 97 % de los despojados tenía menos de 50 ha. Eso quiere decir que las principales víctimas son pequeños campesinos, no las grandes empresas ni los grandes empresarios.

De los territorios abandonados y despojados solo se han restituido 380.208 hectáreas a través de la Ley de Restitución de Tierras.

Deuda histórica

El despojo de tierras no es el acto per se, sino que «genera pobreza, desnutrición, escaso acceso posterior a vivienda y baja calidad de servicios e infraestructura, en general baja calidad de vida», señaló el profesor Fabio Leiva Barón, del Centro de Pensamiento en Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y de la Facultad de Ciencias Agrarias, también de la Institución.

Por su parte Yamile Salinas Abdala, asesora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), afirma que «por ello es un deber del Estado promover el acceso progresivo a la tierra a más de 800.0000 familias que no la tienen, con el fin de cumplir otro de los objetivos del Acuerdo de Paz, que es cerrar la brecha entre el campo y la ciudad y mejorar las condiciones de una población rural que tradicionalmente ha estado marginada, y por supuesto combatir la desigualdad en la concentración de las tierras».

Es por eso que el primer punto en la Agenda de Diálogos de Paz del Estado colombiano y las FARC en La Habana fue precisamente una Política de Desarrollo Agrario Integral: «Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral», ya que es un problema estructural que ha afectado a generaciones y cientos de familias en el país.

«Los pequeños productores (con menos de 50 ha), que representan el 40 % del área cosechada en el área rural dispersa y generan menos del 43 % de la producción agropecuaria, especialmente de alimentos de la canasta básica de alimentos en el país, han sido peculiarmente olvidados», afirma el profesor Leiva.

En cuanto acceso a tierras, asistencia técnica, crédito y riego intrapredial, el 63 % de los pobladores rurales no tiene acceso a ninguno de estos parámetros; el 20,8 % a uno; el 9,3 % a dos; el 3,9 % a tres, y menos del 2 % a todos.

En el marco actual, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria y con celeridad los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas persistentes que establece el Acuerdo Final en articulación con los planes territoriales en las 16 subregiones que agrupan los 170 municipios priorizados.

Entre otros objetivos se contempla promover el bienestar de la población rural, proteger la riqueza pluriétnica y multicultural, desarrollar la economía campesina y otras formas de economía propia.

«Además, desarrollar e integrar las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto; reconocer y promover las organizaciones comunitarias, y convertir el campo en escenario de reconciliación», afirma el profesor Diego Bejarano García, miembro del Grupo de Investigación en Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad de la UNAL.

Estas reflexiones se ventilaron en el foro «El conflicto armado, la tierra y la Reforma Rural Integral (RRI)», organizado por la Red Paz de la Vicerrectoría de Investigación de la UNAL y moderado por la profesora Martha Bello, directora de la Red.

Fuente: Agencia Unal


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