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Abogado pide a los organos de control no cometer errores y respetar la dignidad de los alcaldes

Abogado pide a los organos de control no cometer errores y respetar la dignidad de los alcaldes

Redacción. Fuertes cuestionamientos hizo, en las últimas horas, el defensor de los servidores públicos, José Ricardo Mejía Jaramillo, a los órganos de control: Procuraduría General de la Nación, Fiscalía y Contraloría.

El Jurista enfatizó en que el ordanamiento jurídico se basa en el respeto de la dignidad humana y en materia de investigaciones legales, también sobre el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

«Salir en los medios de comunicación abierta, además en las redes sociales, a ordenar aperturas de investigación o sanciones a servidores públicos, antes de estos haber sido escuchados y vencidos en dichas investigaciones, sin utilizar las palabras presuntamente, probablemente o similares, es incurrir en conductas violatorias de la Constitución Política», asegura Mejía Jaramillo.

Y además, recalca que: «ninguno de ustedes, ni sus delegados, están facultados para separar de sus cargos a ningún alcalde o alcaldesa del país, sin poner en grave riesgo los recursos públicos, ante inminentes demandas de parte de estos servidores públicos separados arbitrariamente de sus cargos. Estos servidores, y ustedes bien lo saben, sólo pueden ser separados de sus cargos por decisiones adoptadas por jueces penales, esto es, decisiones judiciales».

Advierte que desiciones erróneas le cuestan el mismo estado millonarios recursos.

«Los dos billones y medio de pesos que adeuda actualmente la Fiscalía General devla Nación a víctimas de errores judiciales, así como las demandas en curso contra esa misma entidad por más de 40 billones de pesos, deberían invitar a la serenidad, la seriedad, el rigor y la templanza a sus señorías y a sus delegados en el ejercicio de sus funciones en el inmediato futuro», asegura el abogado.

Por esa y otras consideraciones, Mejía Jaramillo le pide a los tres organos de control que «se sirvan respetar la dignidad de los alcaldes y alcaldesas de Colombia, así como preservar ese pequeño fuero que consagra para ellos el artículo 23 del tratado de San José de Costa Rica, en armonía con el artículo 93 de nuestra adorada Constitución Política de 1991».


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